¿Alguna vez te has sentido vigilado? ¿Te sentirías seguro y libre de decir lo que piensas si alguien pudiera escuchar tus conversaciones con tus familiares o amigos, ver tus fotos, conocer tus contactos o revisar tus mensajes sin tu autorización? Seguramente no.
Eso se llama espionaje y es una realidad en México.
Recientemente, se demostró que el gobierno mexicano utiliza software de espionaje para intervenir teléfonos de periodistas, activistas e investigadores incómodos así como a sus familias.
El espionaje es una forma de violencia, hostigamiento e intimidación y un delito que debe ser investigado y sancionado.
La sociedad civil organizada tenemos el derecho a llevar a cabo nuestro trabajo sin temor a ser víctimas de espionaje por la naturaleza de nuestras tareas de investigación, denuncia y exposición pública de todo hecho que atente contra la ley o la integridad de las personas y el medio ambiente. El gobierno de Enrique Peña Nieto debe garantizarlo.
Al firmar, envías esta carta a EPN.
Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
El 19 de junio el diario The New York Times, en conjunto con el análisis de investigadores independientes del Citizen Lab y el reporte Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, demostraron que agencias del gobierno mexicano utilizan software de espionaje para intervenir teléfonos de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México.
Esta vigilancia sistemática es una forma de violencia, hostigamiento e intimidación y un delito que debe ser investigado y sancionado puesto que vulnera los derechos humanos a la honra, intimidad, privacidad y a la dignidad de las personas que son objeto de ese espionaje tal como lo reconoció la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por esto, condeno y rechazo tajantemente cualquier práctica de espionaje por parte del Gobierno. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada tenemos el derecho de llevar a cabo nuestro trabajo, dentro del marco de la ley, sin temor a ser víctimas de espionaje por nuestras tareas de investigación, denuncia y exposición pública de todo hecho que atente contra la ley o la integridad de las personas y el medio ambiente.
El gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de la información que obtuvieron, así como realizar las investigaciones que lleven a la sanción de los responsables de tales actos.
Para tal efecto, debe garantizarse una indagatoria objetiva e imparcial liderada por un panel de expertos independientes nombrado y auspiciado por mecanismos internacionales tal como lo han solicitado los afectados ante la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Atentamente,
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